Hay que repetirlo una y otra vez. La naturaleza del capitalismo impulsada por una lógica de ganancias y acumulación, permite su reproducción en la historia y hacia el futuro. Y precisamente esta naturaleza es la que ha impulsado la explotación de los recursos materiales y humanos de las regiones subdesarrolladas, a fin de obtener los cuantiosos excedentes que remiten a sus matrices las subsidiarias de firmas metropolitanas. En el estudio Las épocas del capitalismo y la progresividad de la expansión del capital, John Weeks describe las formas de penetración del capital imperial en las zonas atrasadas. Una vez ampliadas las exportaciones de mercancías y del dinero que inundaron a los países pobres, con base en las consecuencias de tales inversiones, lentamente se abrieron puertas a un capital productivo foráneo que estimuló la emergencia del aparente capitalismo nacional modernizador en la medida en que implantó sus relaciones de producción sobre las precapitalistas. Sin embargo, el optimismo originario con que se veía esta modernización en las primeras décadas del siglo XX, resultó velado por un pesimismo inocultable. Poco a poco se descubriría que el capitalismo nacional que parecía encauzar una industrialización autónoma, no era más que otra cara del capitalismo imperial, subordinada en su configuración a las utilidades supranacionales. La industrialización del subdesarrollo está acunada en un capitalismo dependiente y sujeto a la maximización de la ganancia del capitalismo global y neoliberal de nuestros días. El punto crítico que hace estallar las perspectivas de la burguesía nacional en Latinoamérica se plantea cuando esta clase para superar sus propias contradicciones, busca la forma de inaugurar la producción de máquinas para hacer máquinas y solucionar de este modo las estrecheces intrínsecas de la industria ligera. Este planteamiento, dice Ruy Mauro Marini, choca "con el asedio del capital extranjero, que las presiona para penetrar en la economía y ahí implantar ese sector". La resistencia nacionalista al asedio declina cuando al fin las necesidades intrínsecas de los empresarios locales y foráneos se armonizan. Con el objeto de ampliarse y aumentar lucrativamente sus operaciones, las firmas nacionales importan maquinarias y técnicas del exterior, obsoletas en las áreas avanzadas e innovadoras en la empresa subdesarrollada. La burguesía nacional instala la maquinaria importada y la burguesía transnacional las exporta en el marco de una asociación con sus colegas del subdesarrollo. "Así, observa Mauro Marini, la burguesía industrial latinoamericana evoluciona de la idea de un desarrollo autónomo hacia una integración efectiva con los capitales imperialistas y da lugar a un nuevo tipo de dependencia, mucho más radical que el que rigiera anteriormente". La unión con el extranjero transnacional, que en círculos oficiales se maneja como integración equitativa y fructuosa de los capitales foráneo y local, tiene dos efectos indeseables: desnacionaliza a los subdesarrollados e impone una superexplotación al succionar la plusvalía ampliada que absorben compañías nacionales y no nacionales.

No sólo los países latinoamericanos y México en especial sufren desnacionalización por la penetración del gran capital, sino también la pesada carga de una creciente e insoluble deuda exterior que hoy extrae, para pagos, un importante porcentaje del producto interno. El entramado de inversiones extranjeras y deuda exterior marcan las economías subdesarrolladas en términos cada vez más ajenos a la libre determinación de los pueblos. Estos son los puntos que supervisan el gobierno de la Casa Blanca y los monopolios internacionales para impedir que la autodeterminación de las naciones subdesarrolladas altere o rompa las estructuras económicas y sociales que protegen la dominación y el despojo connotado en las utilidades señoriales. Igual que en el mundo desarrollado, en el subdesarrollado el Estado se enhebra con los monopolios para coadyuvar al despeje de las contradicciones que los afecta, asociación que comprende el aseguramiento de los beneficios que los inversionistas extranjeros obtienen en el mundo no avanzado.

Ahora viene una interrogación clave, ¿cuál es el conjunto de imperativos del capital transnacional que hoy moldean a Latinoamérica en una dependencia agobiante y ruinosa? Tal conjunto es conocido con el nombre de Consenso de Washington, cuyos perfiles urge precisar. Nos valdremos del breve ensayo de John Williamson, el cual parte de una cuestión central. La gigante deuda exterior que soportan las naciones latinoamericanas, exige que pongan su casa en orden, a fin de cumplir con sus pagos y continuar siendo objetos de crédito. Al efecto, los deudores tendrán que someterse a la rigurosa condicionalidad de las reformas económico–políticas reclamadas por los acreedores, reformas que se corresponden con ideas que sobre el particular predominan en el Capitolio de Washington, entre los ministros del gobierno, la tecnocracia de las instituciones internacionales financieras, las agencias económicas del Tío Sam, los jefes de su reserva federal y los intelectuales de peso o think Tanks oficiales. Sin contar con el asentimiento ciudadano, la puesta en práctica de las reformas depende de acuerdos entre agentes extranjeros y autoridades locales. Ejemplo típico es el Tratado de Libre Comercio que México suscribió con Canadá y Estados Unidos.

Williamson acentúa diez instancias políticas del Consenso de Washington, a saber: eliminar el déficit fiscal porque es fuente primaria de la dislocación macroeconómica en forma de inflación, pagos incompletos y capital golondrino, para lo cual deberán disminuirse o eliminar subsidios, concentrar el gasto educativo en los niveles primarios por sobre universitarios, y los de salud, a la prevención de la enfermedad y al auxilio de discapacitados, medidas ligadas a las propuestas de privatización o entrega de las funciones públicas al capital privado; esta conclusión no está incluida en el comentario de Williamson. Además, hay que promover la forma fiscal aumentando impuestos, dejar que el mercado determine las tasas de intereses del dinero y las del intercambio monetario (tasas fluctuantes), evitando la interferencia gubernamental. Por otra parte, el Consenso de Washington declara un respeto absoluto a la propiedad y sus derechos por considerarlos esencia misma de la buena marcha del sistema capitalista. Aconseja también una desregularización semejante a la introducida en Estados Unidos por los presidentes Carter y Reagan. Vienen enseguida exigencias totales que, con la privatización, constituyen los mandamientos arquetípicos del Consenso de Washington: libre comercio, apertura total a la inversión extranjera directa e integración de la economía local con la imperial.

Si comparamos los dichos arquetipos con las políticas de México y América Latina, exceptuada Cuba, por supuesto, el resultado salta de inmediato a la vista: las políticas que han puesto en marcha los distintos gobiernos traducen tales arquetipos sin más ni más. ¿Acaso el Plan Puebla–Panamá y los inminentes convenios del ALACA no son caras de la misma medalla?

Sería imposible entender las profundas significaciones del Plan Puebla–Panamá si lo colocáramos fuera de su contexto histórico e ideológico. El contexto histórico comprende la dependencia de México del capitalismo transnacional representado por el gobierno de Washington. El contexto ideológico es el Consenso de Washington.

¿Cuáles son los rasgos centrales del Plan Puebla–Panamá?

Tres documentos oficiales son llave maestre para encontrar la respuesta, a saber: el texto que difundió la Presidencia de la República sobre el Plan Puebla–Panamá, Capítulo México, en el que aparte de sintetizarse las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enmarcan el proyecto en el sureste mexicano, se definen sus objetivos y estrategias. En segundo lugar se toma nota, versión estenográfica del Plan Puebla Panamá, en la presentación que en Los Pinos hizo el presidente Vicente Fox durante el acto que celebró en el Auditorio Adolfo López Mateos, en marzo del 2001. Y en tercer lugar se ha tenido a la mano el amplio documento (junio del 2001) del Grupo Técnico Institucional para el Plan Puebla Panamá, en el que participan entre otros, el Banco Centroamericano de Integración Económica para América Latina y el Caribe y sin duda, por atrás o coadyuvando, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este Documento fue aprobado en buen parte en la reunión formalizadora del Plan, celebrada en San Salvador (junio del 2001). No obstante el verbalismo adjetivo que caracteriza las explicaciones sobre lo que se pretende hacer con el Sureste de México y Centroamérica, en las que abundan metáforas literarias más vacuas que sustantivas, es posible señalar los siguientes aspectos troncales del Plan Puebla–Panamá.

Primero.- La idea muy repetida es la de promover el desarrollo económico y social de la región coordinando la explotación de los recursos naturales, abundantes y variables en cada país, a fin de que su aprovechamiento sea orientado al bienestar de las poblaciones y a una prosperidad general insertada de manera positiva en otros planes regionales –el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por ejemplo– y con la inminente Asociación del Libre Comercia en América (ALACA). En las floridas presentaciones del Plan hay una permanente insistencia en colocar al lado del material, el desarrollo humano, puesto que al margen del crecimiento del empleo se prevé dotar al ciudadano de aptitudes técnicas que le permitan participar como actor y receptor del futuro pastel mesoamericano. Se habla entonces de la importancia del capital humano al lado del capital económico, manifestándose respecto del primero una especial preocupación por conocer en detalle y estadísticamente el comportamiento de las migraciones que mucho tiene que ver con la mano de obra y los grandes problemas del bracerismo centroamericano y mexicano en los Estados Unidos. En este país hay una inclinación a eliminar los aspectos caóticos de dichas inmigraciones y controlarlas en función de los intereses mercantiles que absorben esta fuerza de trabajo, cuyas remuneraciones son muy ventajosas para quienes la contratan.

Sin detallarlas, los documentos hablan de las enormes riquezas de la región, utilizadas ya algunas de estas por importantes empresas en los campos del monocultivo de productos de exportación y de la bioprospección, comprendido lo relativo al uso de medicinas tradicionales. Carlos Fazio hace referencia a la riqueza acuífera, mineral, petrolera, a la biodiversidad y las posibilidades hidroeléctricas, así como entre otras más, las contempladas en la Cuenca del Usumacinta (La Jornada, 10–1–2001, planes estos que obligarían modificar en beneficio empresarial las garantías sociales sancionadas en la Constitución de 1917. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UNAM, se llevan a cabo estudios exhaustivos sobre las grandes y variadas riquezas, que pretenden explotar los grandes inversionistas al amparo del Plan Puebla–Panamá.

Segundo.- Como la intensa promoción del desarrollo requiere grandes inversiones de capital para hacerla viable, sus promotores señalan dos fuentes vinculadas con dos aspectos del problema. Habría disponibilidades gubernamentales en lo relativo a la infraestructura –carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, irrigación, puertos de altura y cabotaje, etc.–, y capitales privados para fundar y multiplicar los negocios y operaciones financieras que oxigenen la explotación de abundantes riquezas naturales. Esto aparece de manera expresa en los documentos mencionados y en forma más detallada en análisis financieros del programa, cuestiones estas ineludibles que inducen algunas reflexiones.

Los gastos gubernamentales en infraestructura y publicidad para atraer riqueza privada saldrán de los ingresos fiscales del Estado y de créditos que se obtengan a través de negociaciones con bancos multilaterales y privados, aumentándose naturalmente el tamaño de las deudas gubernamentales que de un modo o de otro se solventan con los tributos de los ciudadanos. Es decir, el enorme volumen de esos gastas se nutrirá en las haciendas públicas, muy probablemente angostando programas sociales, aumentando los impuestos y difiriendo la satisfacción de demandas vitales en países muy pobres del área mesoamericana. Nada de esto se dice en los textos oficiales del Plan.

Tercero.- en los documentos respectivos no se niega que la integración de la zona Puebla–Panamá sea parte de la internacionalización económica que se viene registrando en América, Europa y Asia. El Plan Puebla–Panamá sería, en este sentido, un pionero de la integración latinoamericana y de la integración posterior de Centroamérica y Sudamerica con Norteamérica. El Tío San está haciendo ahora gestiones para adelantar y poner en marcha la comunidad prevista en el ALCA.

Cuarto.- El Grupo Técnico Institucional para el Plan Puebla–Panamá, sugiere una organización administrativa que ponga en marcha las iniciativas que configuran el Plan, organización aprobada en lo fundamental. Habría una instancia central, la Comisión ejecutiva del Plan Puebla–Panamá, encargada de vigilar su marcha, evaluar el avance de los proyectos y decidir sobre los asuntos importantes del desarrollo, reportando a los Presidentes de la región las negociaciones que se lleven a cabo. También se sugiere comisiones especializadas en cada una de las iniciativas del Plan, que informarán a la Ejecutiva los resultados obtenidos en sus ramos. Por último, el Grupo Técnico Institucional asesoraría y apoyaría el trabajo de las comisiones y atendería las solicitudes expresas de los comisionados presidenciales, sin perjuicio de incorporar mecanismos de consulta y seguimiento como sistemas de gestión, divulgación y consulta. Como ya se indicó antes, en el Grupo Técnico Institucional están aparte del Banco Centroamericano de Integración Económica, los bancos regionales y multilaterales que desde su creación intervienen en nuestros países. El Banco Mundial y el Fondo Internacional fueron acordados en la Conferencia de Bretton Woods (1944) y el Banco Interamericano de Desarrollo nació en 1959, año victorioso de las guerrillas de Fidel Castro en la patria de José Martí.

Con el perfil del Plan Puebla–Panamá trazado con sus características fundamentales, vuelve de inmediato la pregunta que se planteó con anterioridad, ¿acaso el Plan Puebla-Panamá y los próximos convenios de la ALCA podrían escapar al régimen hegemónico del capitalismo transnacional, representado por al alta burocracia de los Estados Unidos de Norteamérica, y consecuentemente a los imperativos del Consenso de Washington? No hay ningún indicio en el pasado y en el presente que nos permita sugerir que en el futuro inmediato y mediato la naturaleza del capitalismo cambiará su lógica de ganancias y acumulación, porque es indudable que la desaparición de estos elementos resultaría en el instantáneo ocaso del capitalismo, y esto no va a suceder por el montaje del Plan Puebla–Panamá y sus fuentes brotantes –los caudales de los gobiernos y bancos regionales y mundial junto con los superempresarios y socios locales–, alimentando los recursos naturales y humanos de las zonas del Plan, sería imposible desvincular tales inversiones de los condicionamientos imperiales del Consenso de Washington, y la resultante es previsible. La economía animada por esas inversiones se enmarcaría en los criterios del libre comercio, afluencia directa del capital extranjero e integración del Plan con el ALCA y el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, gestándose prosperidad para las clases prósperas y empobrecimiento de los pobres, por virtud de la superexplotación que en todo caso sella la vinculación del capitalismo metropolitano y el capitalismo dependiente y propio del subdesarrollo. Las grandes inversiones privadas y públicas en infraestructura y empresas que se prevén para el desarrollo Puebla–Panamá, primordialmente buscarán aumentar sus excedentes, crecer y acumular riqueza, y no favorecer el bien común más allá de la inversión del hombre en capital humano, o sea en instrumento cualificado en la producción y circulación de bienes. Encuadrar al hombre en la idea de capital humano es deshumanizarlo, o sea cosificarlo. Por otra parte, no es la primera vez que gobiernos o élites del dinero piensan en la explotación de la riqueza de Centro América y el Sureste mexicano. Aparte de la referencia que hace a los trabajos de Dávila, Kessel y Levy recogidos en El Sur También Existe. Un ensayo sobre Desarrollo Regional en México (2000), José Gazca Zamora en su artículo Plan Puebla–Panamá: ¿Una oportunidad de desarrollo para las regiones marginadas?, relaciona los programas que se han formula o iniciado e el Sureste, con resultados anémicos, haciendo notar en sus conclusiones la contradicción que existe entre la racionalidad global que maneja el capital internacional y la racionalidad local no necesariamente armonizada con la primera.

El colofón salta a la vista. En la medida en que el Plan Puebla–Panamá está sujeto en lo económico y en lo político a la hegemonía del capitalismo transnacional que se cobija en el poder del gobierno norteamericano, el Plan no connota un camino para el desarrollo de los pueblos del Sureste mexicano y de Centroamérica. Por el contrario, la infraestructura que se construya menguará los recursos hacendarios en el área de la política social, y la masiva inversión que requiere el laboreo de los abundantes recursos naturales de la región, sujetos por su naturaleza a la necesidad ineludible de generar excedentes que garanticen su reproducción, operará en el sentido de acrecentar la riqueza de los negociantes con las plusvalías que generen los obreros, las clases medias y los campesinos. Con literaturas exuberantes, autores y defensores del Plan, prometen elevar el patrimonio de los pueblos y apuntalar su desarrollo material y espiritual, pero la verdad que acredita la historia es distinta. La lógica del capitalismo multinacional impone la transferencia de la fortuna nacional a las arcas extranjeras al tomarse los recursos locales y hacer de sus ciudadanos simples instrumentos de producción y la productividad. En el caso de México, anota Gastón García Cantú, "la experiencia del pasado demuestra, ampliamente, el significado de la asociación libre en la constitución del porfiriato; como este gobierno fue, de hecho, el modelo latinoamericano de una semicolonia: exportación de materias primas para la industria, apropiación de las regiones agrícolas más ricas del país, dependencia comercial, descapitalización creciente, organización de un vasto sistema represivo, dictadura política y abatimiento de las fuerzas creadoras de la población". Las cosas no han cambiado mucho. A la exportación de materias primas se ha agregado un amplio tejido de maquiladoras que trabajan para surtir las necesidades de la industria foránea, con base en la energía de obreros mal pagados y poco protegidos. Continúa la apropiación de regiones agrícolas ricas, muy acentuadamente desde que en forma ilegal se modificó el artículo 27 constitucional y se autorizó la intervención empresarial en ejidos y parvifundios. La dependencia comercial es obvia: la quiebra de la industria nacional es uno de los factores que contribuyen a generalizar y acentuar nuestra sujeción comercial a la importación. Igual que antes, México padece de una fuerte represión y una constante decisión política ajena a las demandas de la población. Nada ha cambiado porque la dependencia es hoy mayor que ayer, y esta dependencia contaminará las actividades mesoamericanas que cobije el Plan Panamá–Puebla.

¿Qué podríamos agregar sobre las implicaciones militares del Plan Panamá–Puebla? En lo que está a nuestro alcance vale una breve prognosis. El abuso en el tratamiento de los pueblos inducirá protestas, movimientos de resistencia, disensiones ideológicas y políticas, huelgas, exigencias en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y un ascendente rechazo a las estructuras de dominio del gran capital. Para enfrentar el repudio, las autoridades locales con el apoyo y dirección del extranjero, replicarán los diversos arquetipos de la guerra de baja intensidad que se han montado en el pasado y en el presente con el objeto de abatir la justa oposición de las familias, sin perjuicio de metamorfosear esta guerra soterrada en acciones bélicas abiertas si tales medidas se hacen necesarias, a juicio del señorío metropolitano.

Nada de lo que ocurre y de lo que pueda suceder en el futuro es tranquilizador, aunque no debe olvidarse jamás que el hombre, sumado en su conciencia los valores de verdad y bien, puede realizar en la historia los ideales de una sociedad justa y alegre. Así lo acreditaron en México José María Morelos, Benito Juárez, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Y en Latinoamérica Martí, Allende y Sandino, entre otros grandes.

Ciudad Universitaria, junio de 2002.