LA VIGENCIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE PENSAMIENTO Y LA LIBERTAD DE PRENSA EN GUATEMALA.

INTRODUCCION:

La libertad de expresión del pensamiento es una de las garantías fundamentales del ser humano. Es un derecho legítimo, fundamental e inalienable, reconocido por los principales instrumentos internacionales y por los cuerpos legales de la mayoría de países. Todo estado que se precie de ser democrático debe garantizar a sus ciudadanos(as) ese derecho de manera positiva y vigente.

La palabra, además de generar desarrollo a la humanidad, se ha constituido en una poderosa fuerza de las transformaciones sociales, la tentación de controlarla forma parte de las estrategias utilizadas en el devenir de 'la humanidad. Guatemala es un caso paradigmático en América Latina en la historia contemporánea en relación al silencio impuesto a sus ciudadanos y ciudadanas a través del terror.

Los sectores de poder, sean empresariales, oligárquicos, militares o el crimen organizado han precisado del control de los medios de comunicación para garantizar la ejecución de sus estrategias y la consecución de sus fines, esto además de la censura impuesta a los ciudadanos y ciudadanas en lo individual.

La forma de hacerlo varía de acuerdo a los momentos históricos.

Es obligado hacer una referencia histórica reciente para demostrar la afirmación que sostenemos. El plan nacional de seguridad y desarrollo diseñado por el alto mando del ejército en el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt (1982) contempló explícitamente a los medios de comunicación como parte de la estrategia contrainsurgente de control de la población en general.

Se les asignó el rol de encubridores de la realidad y distorsionadores de los hechos. Una de sus funciones era no divulgar las atrocidades cometidas contra la población indefensa en la lucha contra "el comunismo".

Para lograr este propósito impulsaron la más feroz represión en contra de todos los periodistas que no se doblegaron a sus órdenes y de allí la galería de mártires que son ejemplo para el gremio, al no aceptar la censura impuesta al ejercicio de su profesión.

Pero el terrorismo, como forma de control, surtió sus efectos ya que muchos profesionales de la prensa tuvieron que defender sus vidas, a costa de doblegar sus principios y la lealtad a su profesión.

Aceptar la censura y adoptar la autocensura es una de las peores afrentas que un periodista puede imponerse en el desempeño de su función. Sólo se justifica ante un estado que está dispuesto a cobrarse la desobediencia con el secuestro, la desaparición o la muerte de quien lo desafía.

El problema para quienes imponen estas Políticas, es que la conciencia de sus víctimas no está perdida, está solo impávida, anestesiada o adormecida, esperando el momento oportuno para recuperar sus valores y creencias y ponerlos en práctica.

El secuestro de la libertad de expresión y de prensa, que es una presea invaluable de la conquista de las libertades del ser humano, es un delito de lesa humanidad. Atenta contra la dignidad del ser humano contra su legítimo derecho de pensar y expresar sus puntos de vista. Pretende esclavizar las mentes y los sentidos de los ciudadanos, por lo que es legítima la rebelión contra ese propósito.

Durante los gobiernos militares, aunque en la Carta Magna se consignaba este derecho, en el mismo ordenamiento se establecía su limitación en relación con aspectos ideológicos vinculados con el comunismo, libertad que se supeditó entonces a lo que las autoridades dispusieran entender como comunista, término aplicado a cualquier opositor político.

En tanto la libertad de expresión está íntimamente vinculada al ejercicio del resto de los derechos políticos, sin haber espacios para la Participación, este derecho se vio igualmente afectado.

En el contexto del conflicto fueron mancilladas todas las garantías individuales incluyendo la que estamos abordando. La secuela para los periodistas fue inmensa dado que el hecho de pensar y plasmar esas ideas o difundir acontecimientos desfavorables a los regímenes, conllevaba riesgos graves para la persona. Fue así como el elemental derecho democrático de libertad de expresión fue proscrito. Esto incluye el derecho de informar y ser informado.

La censura se manifestó de distintas manera, desde el silencio ante los acontecimientos que se sucedían, hasta la prohibición de publicaciones y la restricción de cátedra.

La poesía, el arte, la música y el teatro, junto al periodismo, fueron severamente limitados, habían temas tabú como la miseria, la discriminación, la violencia y la represión, que no debían ser abordados

En la década de los setenta, durante el período de Carlos Manuel Arana Osorio, el gremio periodístico fue uno de los más afectados.

De acuerdo con datos el Foro Permanente por la Democratización de las Comunicaciones, citado por el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, se reportan 13 periodistas ejecutados arbitrariamente o desaparecidos en esos 4 años as¡ como varios atentados contra la vida de periodistas o contra los medios de comunicación. Entre ellos: Luis Díaz, Julio Cesar de la Roca, Enrique Salazar y Humberto González Juárez. Veinte años después, en octubre de 1990 fue asesinado su hijo Humberto González Gamarra, copropietario de un radioperiódico, Aspar Culán, director de radio La Voz de Atitián, quien fuera secuestrado y posteriormente asesinado.

Posteriormente fueron asesinados Mario Monterroso Armas, director de Cartones Radiofónicos y Corresponsal de la Voz de las Américas.

Entre 1978 y 1982 se registro el mayor número de periodistas ejecutados arbitrariamente o desaparecidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 1981 reconoció las limitaciones con las que los periodistas ejercían su profesión debido a las constantes amenazas y por el temor existente.

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La censura se manifestó de distintas manera, desde el silencio ante los acontecimientos que se sucedían, hasta la prohibición de publicaciones y la restricción de cátedra.

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La poesía, el arte, la música y el teatro, junto al periodismo, fueron severamente limitados, habían temas tabú como la miseria, la discriminación, la violencia y la represión, que no debían ser abordados

En la década de los setenta, durante el período de Carlos Manuel Arana Osorio, el gremio periodístico fue uno de los más afectados.

De acuerdo con datos el Foro Permanente por la Democratización de las Comunicaciones, citado por el Informe de la Comisión de¡ Esclarecimiento Histórico, se reportan 13 periodistas ejecutados arbitrariamente o desaparecidos en esos 4 años as¡ como varios atentados contra la vida de periodistas o contra los medios de comunicación. Entre ellos: Luis Díaz, Julio Cesar de la Roca, Enrique Salazar y Humberto González Juárez. Veinte años después, en octubre de 1990 fue asesinado su hijo Humberto González Gamarra, copropietario de un radioperiódico, Aspar Culán, director de radio La Voz de Atitián, quien fuera secuestrado y posteriormente asesinado.

Posteriormente fueron asesinados Mario Menterroso Armas, director de Cartones Radiofónicos y Corresponsal de la Voz de las Américas.

Entre 1978 y 1982 se registro el mayor número de periodistas ejecutados arbitrariamente o desaparecidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 1981 reconoció las limitaciones con las que los periodistas ejercían su profesión debido a las constantes amenazas y por el temor existente.

En esos años, un total de 32 periodistas fueron asesinados o desaparecidos y varios medios de comunicación, incluyendo a la APG sufrieron atentados. Esto determinó que se paralizaran temporalmente sus actividades.

Gremios periodísticos como el Sindicato de Trabajadores de los Medios de Comunicación (SIMCOS) desaparecieron, sus miembros fueron acusados de actos ilegales.

Además de los asesinatos de profesionales de la prensa, la desaparición forzada fue uno de los métodos más utilizados.

El golpe de estado del General Ríos Montt en 1982 destinó una estrategia especial hacia la prensa a quien se llamó a colaborar en la lucha contra la guerrilla, se le orientó en relación con la terminología que se debía utilizar y la forma de cubrir las noticias. Incluso se institucionalizó la autocensura como forma de protección de la vida.

Esta estrategia está documentada en el citado informe.

Los acosos, persecuciones, represión, intimidaciones, secuestros y asesinatos de que fueron víctimas quienes entregaron su tiempo y esfuerzo desde la óptica de una comunicación o periodismo alternativo que busca orientar a las comunidades rurales desde el trabajo de las radios culturales y educativas en Guatemala, generó además de¡ c ¡erre temporal de algunos centros radiales y de la propia Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) como coordinadora en el año 1982.

II.- EL LLAMADO PROCESO DEMOCRATICO-.

Paradójicamente fue impulsado por los gobiernos militares quienes, después lo encomendaron a los civiles, manteniendo un nivel de control político y económico sobre los mismos.

La década de los 80 se caracterizó por una violación sistemática del derecho a la libertad de expresión.

En este contexto se inició también la búsqueda de la solución negociada a la confrontación armada.

Durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo se da una apertura que genera el surgimiento de medios como La Revista Crónica, el periódico La Epoca y el diario Siglo XXI. Las críticas de los medios a los actos de gobierno generaron nuevos intentos de limitación a la libertad de prensa.

Se dio de nuevo el cierre de medios como Siete Días y Aquí el Mundo y atentados como el sufrido por la Epoca, propiedad de quien ahora es el titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Byron Barrera a quien también le hicieron un atentado personal en el cual murió su esposa. Ahora se desempeña con rango de Ministro en el gobierno del FRG y ha sido declarado non grato por los periodistas que cubren el Palacio.

Las mismas agencias internacionales de prensa fueron objeto de atentados e intimidaciones para coartar la difusión de la realidad guatemalteca.

En 1990, época de la violencia selectiva, el gremio periodístico volvió a ser blanco de atentados y con Jorge Serrano, las amenazas se intensificaron, vinculando a algunos medios con las mafias internacionales y acusándolos de desestabilizadores.

En 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en Guatemala existía un clima de atemorización y ataques contra la prensa, en la que participan agentes del estado.

En 1994 es asesinado Jorge Carpio Nicolle así como Alberto Antoniotti y Víctor Cruz. En Diciembre de 1996, previo a la firma de la paz, fue asesinado el jefe de redacción de Inforpress Israel Hernández, crimen que como muchos, nunca fue esclarecido.

II- POST CONFLICTO:

Después de la instalación de la Misión de Verificación de Derechos Humanos, se da un respiro para la ciudadanía, aunque los intentos por controlar a la prensa continúan.

En 1997 la Minugua informó de un enfrentamiento entre los medios y las autoridades públicas en tomo a la libre expresión, a través de acciones gubernamentales que limitan ese derecho mientras que el gobierno argumentó que son los medios los que no respetan el derecho a la información.

Asimismo la Misión recibió la denuncia formal de la Revista Crónica contra el gobierno por realizar una política tendiente a coartar la libre expresión de¡ pensamiento a través de medidas de presión, económica y política.

En 1998, periodistas de la Radio la Voz de Atitlán, sufrieron agresiones por cubrir información sobre las declaraciones de¡ alcalde municipal y su corporación, en relación con obras realizadas y por la inconformidad de la población que enardecida, destruyó y quemó parte del inmueble municipal y los archivos.

Los periodistas de la radio fueron perseguidos y demandados por las autoridades, con el apoyo del gobierno central, acusados de haber incitado a la población a actuar de esa manera cuando en realidad lo que se hizo fue en cumplimiento de la labor informativa. Esta demanda duró aproximadamente 2 años y se resolvió gracias a la solidaridad de muchos medios y organizaciones nacionales e internacionales, organismos de derechos humanos y fundamentalmente por el apoyo incondicional de las comunidades que mediaron ante el gobierno local y central para que las acusaciones quedaran sin efecto.

En 1999 Minugua conoció el caso del procedimiento judicial en contra de Bruce Harris, Director de Casa Alianza, por difusión de información en relación con adopciones legales.

Se produjeron amenazas a periodistas que investigaban irregularidades en las que se encontraban involucrados agentes estatales. Se denunciaron también atentados y acoso en contra de periodistas del vespertino La Hora. Funcionarios gubernamentales intimidaron a periodistas y varios actos de hostigamiento y seguimientos fueron igualmente reportados. Se verificó que uno de los vehículos pertenecía al Estado Mayor Presidencia.

Durante el año 2000 hubo limitaciones a la libertad de expresión recogidas en el informe del Relator, Doctor Santiago Cantón quien documentó los seguimientos y amenazas de periodistas de El Periódico, el asesinato del periodista Roberto Martínez de Prensa Libre y las amenazas en contra de la Agencia Cerigua y de reporteros de Guatemala Flash y Nuestro Diario.

III.- SITUACION ACTUAL DE LA PRENSA:

Es necesario aquí introducir un elemento pues cuando se aborda el aspecto de libertad de prensa, usualmente se confunde inconsciente o intencionalmente, con el de libertad de empresa.

Son los grandes medios los que siempre tienen la posibilidad de hacer sus denuncias, sus propuestas, negociaciones, planteamientos y por supuesto, los que toman las decisiones, dejando por un lado a medios de comunicación que se dirigen a otros sectores o segmentos sociales.

Esto además de que tiene el poder absoluto de definir sus agendas. Muchas veces esto se constituye en una restricción al derecho de impartir información que tiene la población, sin ser discriminada por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión sexo, idioma, opiniones políticas o posición económica o social.

Grandes segmentos poblacionales no aparecen nunca o casi nunca reflejados en los medios debido a esa situación.

Por eso el análisis sobre el derecho de libertad de emisión del pensamiento y de libertad de prensa no se hace de manera integral, no se contempla la función social que los medios cumplen en la Sociedad y se absolutiza el aspecto comercial y empresarial.

Nuestro concepto de libertad de prensa se vincula al derecho de los pueblos de ser oportuna y verazmente informados y a expresar sus opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los intereses de sus miembros.

Esta prensa alternativa, que no prioriza los aspectos comerciales sino el aspecto profesional y social en su ejercicio, sistemáticamente es excluida al igual que los sectores a donde va dirigido su esfuerzo, de todos los foros y espacios de decisión, reproduciéndose el esquema que se da en la sociedad para evitar que se despierte la conciencia de las mayorías.

Es decir que en esta realidad no se puede hacer efectivo el derecho a comunicar opiniones por cualquier medio o forma, que tiene la persona pues los medios lo coartan.

Este aspecto se ve agravado por la llamada globalización que si bien es producto de¡ desarrollo de la humanidad, ha condenado al atraso a los cada vez mas numerosos ejércitos de invisibilizados en el mundo.

Los globalizadores, dueños de las grandes corporaciones, determinan absolutamente en que consiste el ejercicio de la libertad de prensa y quienes son los que pueden gozar de ella.

Esta concepción se repite a escala local. Es esa voz única la que a través de los consorcios que monopolizan los medios, se impone y debe resonar en todos los ámbitos nacionales.

Es por eso que la reivindicación de la libertad de prensa se interpreta por esos empresarios como libertad de empresa, despojando a los ciudadanos y ciudadanas de su legítimo derecho de acceder a distintos medios de información en condiciones equitativas.

Es importante resaltar que este aspecto tiene varias dimensiones,

a) La económica, que es determinante en un área como las comunicaciones. La prensa escrita en países como Guatemala, en donde muchas personas se están muriendo de hambre y por lo tanto tienen una absoluta incapacidad de destinar recursos a un lujo que constituye contar con información impresa.

b) La humana porque la mayoría son analfabetas puros o funcionales, aquella población que no tiene posibilidades de "consumir" lo que los periódicos ofrecen a selectos grupos de lectores que forman parte de los privilegiados consumidores de noticias y publicidad. Son los despreciados de sociedades excluyentes que no les han permitido tener el privilegio de la educación.

C) La cultural porque obvia la realidad multilinguista y multicultural del país, que suma a la exclusión a otro enorme círculo de personas del espacio escrito de la información, Esos conciudadanos de hecho solo pueden escuchar los medios radiales y televisivos. Hay que reconocer que hay también e, barreras idiomáticas por lo que en algunas ocasiones, los mensajes deben estar cifrados en sus propios idiomas y con una estructura de pensamiento acorde a su cultura.

Es por eso que nos preguntamos ¿qué posibilidad de reivindicación de libertad de prensa tienen esas mayorías de invisibilizadas y , marginadas de la globalización?

Los derechos humanos no deberían hacer distingas. Sin embargo, el derecho a la expresión, a informar y estar informado en Guatemala son derechos que gozan pequeñas elites que los concentran para sí como productos selectivos dirigidos solo a los escogidos.

Los habitantes de las áreas rurales del país además de no contar con los servicios básicos, tampoco son tomados en cuenta por los medios de comunicación comerciales o convencionales en sus luchas diarias, sus propuestas, problemas y logros.

Igual sucede con otros sectores como los indígenas, las mujeres, los niños/as y ancianos, que se consideran cuando la noticia vende, y como "vende si es mala" son los sucesos, las notas rojas, el sensacionalismo, la violencia o la pornografía en donde caben estos protagonistas.

Cuando la gran prensa no aborda, ni informa ni cubre los aspectos de interés de las mayorías, no contribuye al desarrollo ni a la necesaria transformación de la sociedad.

Se convierte en desinformadora de la realidad y con ello cómplice de la injusticia.

En la construcción de un nuevo periodismo en este país, hay esfuerzos que unidos cobran fuerza. Entre ellos los comunicadores de medios radiales, de medios alternativos y medios comerciales que han asumido con responsabilidad y ética su función social.

En Guatemala son dos las grandes empresas de prensa escrita que privan en el mercado de impresos, una edita Prensa Libre, Nuestro Diario y el Periódico y la otra es Corporación de Noticias S. A. que publica Siglo XXI y Al Día.

El vespertino La Hora, que a pesar de tener un número de hojas limitado y una circulación no muy amplia, da cobertura a las noticias de la sociedad civil, y a hechos de importancia para el país.

El otro es el Diario Oficial que además de contener las publicaciones de leyes y sus modificaciones, está siendo utilizado como vehículo de propaganda oficial del gobierno de turno.

Hay en los departamentos algunas publicaciones muy locales de menor importancia como El Quezalteco y el Regional en Quezaltenango, la segunda ciudad en importancia, Tzutzijol de Chimaltenango y otros mucho más pequeños que no pueden competir con los 6 ya mencionados.

Esto da como resultado que la elite que tiene acceso a la prensa escrita, lee lo que las 3 empresas definen como agenda periodística. No hay en realidad opción para informarse por otro medio escrito.

1 La limitación que vemos a esta situación es que las agendas periodísticas no concuerdan con las agendas de la sociedad. Ninguno de los sectores sociales organizados en Guatemala tiene posibilidades de contar con un medio escrito para plasmar sus puntos de vista y difundir temas de su interés.

Por otro lado, en época reciente, se ha empezado a trabajar en un periodismo de investigación en el país. Esto ha sido un gran avance pues permite que los periodistas aborden otros géneros para ofrecer un tratamiento mas profundo de la noticia a los sectores a donde llegan.

Sin embargo, también han surgido medios que si bien cumplen un papel, recurren a una modalidad sensacionalistas para cautivar a un público que busca no el contenido, sino la forma, que tiende únicamente a entretener, pero no a aportar en formación.

Aunque respetamos la decisión de los dos consorcios de prensa escrita guatemalteco de editar este tipo de periódicos, consideramos que no son los medios idóneos para permitir a la sociedad avanzar a otros estadios de desarrollo.

La situación socio-económica de los/las periodistas:

Además de que los salarios de los periodistas no son decorosos, se encuentran por debajo de los necesarios para cubrir necesidades básicas especialmente de aquellos que laboran en las radios. Estos profesionales no cuentan con seguro social ni de vida, no reciben compensación por horas extras y los horarios de trabajo no están delimitados.

En muchas oportunidades los periodistas de estos medios deben laborar en varios lugares a la vez.

En lo que respecta a las radios, es sabido que es este el medio de comunicación masiva por excelencia en países con características como el nuestro.

El monopolio que prevalece sobre los canales de televisión, cuya propiedad se concentra en una persona, se extiende a la concentración de la propiedad de numerosas frecuencias radiales. La estructura de propiedad de los medios, especialmente de los electrónicos, responde al conjunto de leyes y prácticas vigentes.

El mandatario guatemalteco Alfonso Portillo, reconoció ante una delegación de la SIP la existencia de monopolio de hecho en la televisión abierta de canales VHF lo que afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los guatemaltecos.

Ofreció licitar canales de esa frecuencia para lo cual se prepara un proyecto de ley para garantizar la transparencia, ofrecimiento que será vigilado de cerca para garantizar que los dos canales no lleguen a las mismas manos, dijo Gonzalo Marroquín delegado de la SIP por Guatemala.

En relación con la situación de las radios, a pesar de que el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas obliga al estado a conceder espacios y frecuencias radiales, la forma de concesionarios, a través de subastas, ha convertido este compromiso en una utopía imposible de cumplir.

El criterio económico impuesto para adquirir esos medios de comunicación, deja sin a grandes sectores de la población, sin oportunidad, especialmente la comunitaria, los indígenas y las mujeres, que no tienen ni la más remota posibilidad de competir con los dueños del capital.

Esto determina que la ciudadanía no pueda participar en el ámbito de la información dado que las subastas contemplan únicamente criterios económicos que no aceptan oportunidades de equidad y tampoco son coherentes y compatibles con la democracia participativa y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en la Convención Americana sobre Derechos humanos.

Es evidente que los criterios establecidos para estas concesiones no es ni por asomo democrático por lo que no permite la representatividad de todos los sectores

En 1998 y 1999 la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), creada por la Ley de Telecomunicaciones, inició una política de advertencia, amenazas, acciones represivas y e imposición de multas a emisoras comunitarias a quienes se calificó de clandestinas o piratas.

Estas acciones fueron apoyadas y respaldadas por la Cámara de Radiodifusión que aglutina a los propietarios de los medios radiofónicos comerciales a través de campañas de desinformación.

Ante estas agresiones las radios se articularon y conformaron el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria que diseñó una estrategia que busca la legalización de estos medios de comunicación que prestan un servicio a las comunidades.

Se elaboró un proyecto de ley de "Medios Comunitarios" consensuado entre todas las organizaciones y coordinadoras que está siendo cabildeada en el Congreso con el respaldo de entidades internacionales y expertos en la materia.

Este proyecto de ley ha sido entregado también a la Comisión de Comunicación y a la de Asuntos Indígenas del Congreso, así como a la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz.

Tanto la Procuraduría de Derechos Humanos, como la Misión de Verificación de los Acuerdos, han manifestado su anuencia de acompañar el esfuerzo de los comunicadores comunitarios para lograr la legalización de sus frecuencias, trabajo que está legitimado en el derecho que los ampara y respaldado por las comunidades donde transmiten.

Otro elemento a destacar es la escasa posibilidad de los locutores de las radios alternativas para contar con una licencia de locución. Los trámites son sumamente complicados y deben estar avalados únicamente por la radio nacional TGW, sin posibilidad de reconocer ninguna otra instancia de comunicación que valide la experiencia de los comunicadores, aunque haya sido fruto de muchos años de trabajo, completada con capacitaciones otorgadas por expertos y organizaciones representativas locales y regionales como la FGER, ALER y AMARC

Es necesario mencionar el papel que ha jugado en la última época la prensa escrita que ha dado cobertura a los numerosos escándalos de corrupción que se presentan en las distintas dependencias del estado.

Han sido esos reportajes los que han permitido que un sector de opinión se entere de los desmanes de los gobernantes pero al mismo tiempo, ha sido la causa de los hostigamientos, amenazas y animadversión que el gobierno ha desatado contra los medios y contra periodistas en particular.

Esto ha llevado incluso a que ciertos temas muy delicados sean abordados por lo que se ha denominado "módulos de investigación" en donde no se proporcionan los nombres de quienes realizan las investigaciones como una forma de brindarles una mínima protección.

El gobierno ha intentado numerosas formas para desmotivar estas publicaciones. Desde negar información, hasta la amenaza de llevar a los tribunales a quienes osan difundir temas delicados, pasando por estrategias disecadas desde la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, encabezada por quien antes fuera una periodista democrático, Byron Barrera, quien ha sugerido a los encargados de Relaciones Públicas de los Ministerios, brindar algunos "presentes" a los reporteros y periodistas para congraciarse con ellos.

Otra estrategia utilizada por el actual gobierno de¡ Frente Republicano Guatemalteco (FRG) con Portillo a la cabeza, fue la cooptación de un gran número de periodistas que están laborando en medios comerciales y que tuvieron un papel importante en su misión periodística.

Una de ellas, la señora Luey Barrios, ahora trabajando con el Vicepresidente de la República, resultó incluso involucrada en una seria acusación de haber realizado una campaña negra en contra de un empresario.

Adjuntamos la lista de los periodistas en esta situación.

V) LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PENSAMIENTO Y DE PRENSA.

AÑO 2,000

Durante el año dos mil las principales limitaciones al derecho de libertad de expresión del pensamiento documentadas por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala fueron: el asesinato de Roberto Martínez, amenazas de muerte a periodistas (lleana Alamilla, Eduardo Víllatoro; Herlindo Zet, José Eduardo Zarco, Silvia Gereda, Sergio Méndez, Gustavo Soberanis,) agresiones a redactores de El Periódico, intimidaciones a Luis Escobar, Estuardo Pinto, ataques a la prensa provenientes de funcionarios de gobierno, acoso a la prensa, cierre de programas entre otros, cuyo detalle adjuntamos a este informe.

En lo que va de este año, continuaron las amenazas de muerte e intimidaciones contra varios periodistas cuya lista adjuntamos, siendo el hecho más trágico el asesinato de¡ colega Jorge Mario Alegría Armendaríz, de 38 años, con 10 años de ejercicio profesional, hecho ocurrido el 10 de septiembre. El periodista laboraba en la Radio Amatique, de Puerto Barrios Izabal cuyo, crimen se asocia a denuncias de anomalías y corrupción de autoridades locales transmitidas en su programa radial.

Alegría conducía un programa radial con teléfono abierto al público y según informaciones había recibido amenazas de muerte por la temáticas denunciadas en torno a hechos anómalos en la municipalidad y en la empresa portuaria, así como por señalamientos en contra del diputado del departamento, quien enfrenta un antejuicio.

La radio en donde se transmitía el programa del periodista asesinado tuvo que cerrar el noticiero ya que otro periodista, Enrique Aceituno, también ha sido amenazado de muerte.

Fue paradójico que el asesinato ocurrió días después de que una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP visitara el país y recibiera ofrecimientos de¡ presidente Alfonso Portillo

Estos hechos determinaron que la Minugua pidiera protección para los compañeros del fallecido.

El periodista de El Periódico, Martín Juárez Ruiz cuenta con medidas cautelares ordenadas a raíz de las amenazas de que ha sido objeto por su trabajo relacionado con corrupción en una de las entidades bancarias del país.

El 11 de septiembre, con ocasión de los trágicos acontecimientos en Estados Unidos, una fotógrafa de un medio escrito fue agredida por personal de seguridad de la Embajada de Israel, debido a que, cumpliendo ordenes de su superior, tomó fotos a la fachada del edificio que aloja a la sede diplomática.

Publicaciones de prensa, el Informe de la CEH, La Asociación de Periodistas de Guatemala, La Minugua, la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y la Procuraduría de Derechos humanos.

Las organizaciones de prensa que respaldamos este documento, ante esa Honorable Comisión, solicitamos:

a) Que se analice la situación de la prensa en Guatemala de manera integral para que a través de sus dignos representantes, se tengan presentes en los miembros de la comunidad internacional, los riesgos, peligros, falta de equidad, exclusión y condiciones en las que ejercemos el periodismo los y las profesionales en este país.

b) Que se exija al estado guatemalteco la prevención e investigación de los hechos que violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión y que se considere que la libertad de expresión de pensamiento incluye a todos ciudadanos y ciudadanas derecho que ha sido históricamente conculcado y que se traduce no solo en la falta de accesos efectivos a los medios de comunicación sino en la invisibilización de los temas de interés nacional y colectivo y de los legítimos derechos de las mayorías.

c) Que se realicen las acciones pertinentes para que los y las guatemaltecas podamos gozar del derechos efectivo a la libertad de expresión del pensamiento a la de libertad de prensa. En esto incluimos la aspiración de las asignaciones de frecuencias de radio y televisión de manera democrática para garantizar la igualdad de oportunidades a todos y todas en el acceso a los mismos.

d) Que la comunidad internacional, garante y verificadora de] proceso de paz en este país centroamericano, avale la legítima lucha de las comunidades por contar con instrumentos de comunicación adecuados a sus condiciones de vida y a sus idiomas en cumplimiento de los acuerdos de paz,

e) Que por su medio se alerte sobre los peligros que se ciernen sobre los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su profesión, ya que las presiones directas e indirectas, las amenazas, las intimidaciones y las agresiones a los periodistas que pretenden silenciar la labor informativa, son incompatibles con la libertad de expresión.

f) Que se dicten las recomendaciones o medidas pertinentes y que se exija al Gobierno de Guatemala, a través de las instancias respectivas, el fiel cumplimiento de las decisiones tomadas al respecto así como el respeto a los principios universalmente aceptados en relación con la libertad de expresión.

g) Que esa Honorable Comisión de seguimiento y verifique la situación aquí descrita.

Muy atentamente,

Lic. Oscar Clemente Marroquín Godoy- Director del Diario La Hora.

Lic. Ana Silvia Monzón- Programa Voces de Mujeres, Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-Guatemala. (AMARC)

Lic. Víctor Hugo Herrera- Secretario Ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER- y Miembro de la Junta Directiva de AMARC.

Neftalí Godinez- Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Epíscopal

Salvador Bonini- Presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala-APG.

Lic. Víctor Hugo de León - Vice-presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP

Denis Smith - Miembro del Comité Ejecutivo Regional para la Comunicación Cristiana WACC.

Lic. lleana Alamilla- Directora de la Agencia Cerigua. Miembro de la Junta Directiva de AMARC-Guatemala.

Guatemala, septiembre 200 1.